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PO - Informe de Tribunal de Faltas Municipal subscripto por autoridad competente
Que los ciudadanos de Rosario que pretenden obtener su licencia de conducir deben cumplir, entre otros requisitos, con el certificado de “libre multa de tránsito por persona”; y
VISTO:
Que los ciudadanos de Rosario que pretenden obtener su licencia de conducir deben cumplir, entre otros requisitos, con el certificado de “libre multa de tránsito por persona”; y

CONSIDERANDO:
Que la Municipalidad de Rosario exige a quienes gestionan la licencia de conducir que exhiban y acompañen el certificado de “libre multa de tránsito por persona”.

Que esta certificación consiste en una constancia que manifiesta la ausencia de actas correspondientes a infracciones de tránsito pendientes de juzgamiento y/o pago de una persona determinada, independientemente del vehículo conducido, o aquellas realizadas por terceros no identificados con un vehículo de su propiedad.

Que, según informa la página Web de la municipalidad de Rosario: “En el caso de existir Actas sin juzgar (exceptuando las infracciones graves), para poder emitir el Informe de infracciones deberá generar primero un Pago voluntario.

Que de existir pagos pendientes, el informe de infracciones acompañado de los recibos debidamente cancelados, cumple la función de Libre multa, que se utiliza para tramitar la licencia de conductor”.

Que el requisito de “libre multa de tránsito por persona” es notoriamente inconstitucional y no resiste el más elemental análisis lógico ni jurídico. La finalidad de la norma no resulta disuasiva y además de vislumbrarse un ánimo recaudatorio casi forzoso, resulta cuestionable la situación en la que se sitúa al ciudadano. Éste, normalmente necesitado de obtener la licencia de conducir, accederá a abonar multas que posiblemente ni siquiera le han sido notificadas, y normalmente debe hacerlo porque, o necesita resolver la obtención de la licencia en lo inmediato, o porque evalúa que será mayor el costo que tendrá impugnar administrativa o judicialmente este requisito arbitrario, que abonar la supuesta multa.

Que, al respecto, el art. 10°, inciso B, de la Ordenanza 6543/1998 (Código de Tránsito) es cuestionable en la parte que dice: “(…) No se entregará la licencia o la renovación, en su caso, a las personas que tengan actas pendientes de juzgamiento o sanciones pendientes de cumplimiento impuestas por infracciones establecidas en los Arts. 77º y 80º de la ley 24449. Fuera de los casos citados no podrá impedirse la obtención del registro habilitante para la conducción de vehículos. Si la solicitud de una licencia fuera rechazada porque el aspirante no ha cumplimentado alguno de los requisitos o por tener pendientes actas de infracciones o el cumplimiento de sus penas, la Dir. Gral. de Tránsito le intimará para que se encuadre a la reglamentación; de no hacerlo en el plazo fijado se archivará la solicitud”.

Que esta imposición normativa de la Municipalidad de Rosario también es replicada en otros municipios de nuestro país. Fallos judiciales de conocimiento público (particularmente, bajo la modalidad del amparo) catalogan la exigencia como una “extorsión” hacia el ciudadano, y ordenan que se le conceda la licencia sin tener que exhibir ese “libre multa”.

Que la crítica que subyace en estas resoluciones es que es claramente inconveniente e injusto que el Estado se aproveche de que la mayoría de los ciudadanos no instará esa acción por los motivos explicados. Es decir, que se aproveche de la necesidad de sus habitantes para recaudar. Y que los prive de la posibilidad de cuestionar ante las autoridades competentes, debidamente asesorados, siguiente un trámite que respete su derecho de defensa y garantice un debido proceso.

Que, además de ser una imposición inequitativa, no responde a la normativa más reciente sobre la materia. En este sentido, el art. 23, inciso g, de la ley 13.133 de la provincia de Santa Fe establece: “(…) g) No se otorgará o renovará la licencia de conducir a los solicitantes que tengan sanciones firmes pendientes de cumplimiento impuestas por infracciones a las normas de tránsito y de seguridad vial”.

Que concordante con esta disposición, el art. 20, inciso 2, de la misma ley prevé: “Creación. Créase el Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito, el que dependerá y funcionará en el ámbito de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. En el mismo se asentarán: (…) 2. Las imputaciones y las sanciones firmes por infracción a las leyes de tránsito y seguridad vial dispuestas en sede administrativa local y judicial de la Provincia y de otras jurisdicciones”.

Que ambas disposiciones se refieren a sanciones firmes; no a posibles sanciones de indeterminado final. Su sentido es evidente: el ciudadano no puede padecer las consecuencias de una sanción que puede no estar notificada, que puede estar impugnada, que puede estar prescripta, y así con un sinfín de avatares propios de estos procedimientos.

Que de este modo se respetan principios y garantías básicas de nuestra constitución nacional, como el derecho a un debido proceso, a una legítima defensa, a no ser penado sin juicio previo y a transitar libremente, entre otros derechos.

Que, en definitiva, lo razonable es que, al menos, la exigencia de un certificado de “libre multa” solo se limite a aquellas sanciones que se encuentran firmes, de modo que la autoridad estatal y el ciudadano tengan la certeza de que lo que se exige no tiene aún alguna instancia recursiva que pueda dejar sin efecto esa amenaza de sanción.

Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares acompañen el siguiente proyecto de:

ORDENANZA:

Art.1°.- Modifíquese el art. 10°, inciso B, de la Ordenanza 6543/1998, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

b) El Municipio, a través de las reparticiones competentes, exigirá a los conductores de vehículos de transporte además de lo establecido en el inciso a) del presente Artículo, todo aquel requisito que sea inherente al servicio específico de que se trate.

No se entregará la licencia de conducir o la renovación, en su caso, a las personas que tengan actas con sanciones por infracciones cometidas según lo establecido en las normas de tránsito y seguridad vial que se encuentren debidamente juzgadas y pendientes de cumplimiento.

En los casos de actas pendientes de juzgamiento sólo se podrá otorgar la licencia de conducir, o su renovación, siempre que se traten de faltas no previstas en los artículos 77 y 80 de la ley 24.449. Fuera de los casos citados no podrá impedirse la obtención del registro habilitante para la conducción de vehículos.

Si la solicitud de una licencia fuera rechazada porque el aspirante no ha cumplimentado alguno de los requisitos o por tener pendientes el cumplimiento de las sanciones juzgadas, la Dir. Gral. de Tránsito le intimará para que se encuadre a la reglamentación; de no hacerlo en el plazo fijado se archivará la solicitud. Igualmente se archivarán las solicitudes que resultaren rechazadas por causas psicofísicas.

Los trámites de obtención y renovación de la licencia deberán ser realizados por el interesado en forma personal, acreditando debidamente su identidad. No se admitirán intermediarios bajo ninguna causal.

DECRETO

Art. 1°.- Encomiéndese al DEM incorpore como requisito para proceder al trámite de obtención y/o renovación de licencia de conducir entregar el Informe de Tribunal de Faltas Municipal subscripto por autoridad competente donde consten el estado procesal de las infracciones o en su defecto los recibos de pagos voluntario de infracciones cometidas o el libre multa.

Art.2°-. De forma.
Rosario: 11/08/2016

Si lo desea
puede acceder al documento
en formato PDF

Vínculo: http://www.diegogiuliano.com/galery/PO-Libre_multa.pdf
             
 
 
 
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